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Enrique Benítez
Economista
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Los medios informativos han recogido la nota de prensa emitida por el poder judicial sobre una sentencia pionera en España: la condena a 15 meses de cárcel a un guardia civil por difundir en redes sociales una noticia falsa (fake new) que atribuía a unos menores extranjeros no acompañados (menas) una presunta agresión física y sexual. El video original es de China, pero lo presentó como un suceso real ocurrido en Canet de Mar.
La sentencia aún no se ha hecho pública. Su noticia falsa fue vista por más de 20.000 personas. Es lógico que esta actuación de un miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado haya causado alarma social. Sorprende que un guardia civil no sólo incumpla el Código Penal, sino que incluso desprecie las instrucciones y planes diseñados específicamente para servidores públicos como él.
En mayo de 2019, la Fiscalía General del Estado publicó la Circular 7/2019, sobre pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal. En esta Circular se puede leer que el bien jurídico protegido está vinculado a los derechos fundamentales que describe nada menos que el artículo 14 de la Constitución Española. Divulgar un contenido de estas características constituye por lo tanto un delito de odio, porque supone un atentado frontal a los valores democráticos y los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento constitucional. No contento con pisotear la Constitución, este agente de la ley, además, parece no haber leído ni el I ni el II Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, del Ministerio del Interior, y dirigidos «principalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Pero hay otro tema que apenas se ha comentado en la prensa española. Una reciente investigación académica internacional, liderada por la profesora suiza Juliana Chueri, ha demostrado que, para captar el voto femenino, la masculinizada ultraderecha occidental utiliza precisamente este tipo de noticias falsas para vincular la inseguridad con los extranjeros, sean del norte de África o del este de Europa.
Cabe entonces preguntarse si el guardia civil condenado a 15 meses de cárcel, que no entrará en prisión tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, y al que se le ha abierto un expediente disciplinario, actuó por su cuenta y riesgo, o lo hizo siguiendo una estrategia bien diseñada, de calado internacional, y dirigida a captar votos para los partidos de ultraderecha. Sería conveniente saberlo.
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