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Interior de las Cueva de las Estegamitas. Francisco Gutiérrez Ruiz
La coordinadora local de Izquierda Unida en Málaga y coportavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Málaga, Remedios Ramos, ha registrado una batería de iniciativas ante la Junta de Andalucía y la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga para «garantizar la protección de la Cueva de las Estegamitas –antes de la Maravilla Blanca– ante la clara amenaza que sufre por la actividad de la planta cementera y la falta de compromiso del equipo municipal de gobierno encabezado por el alcalde, Francisco de la Torre, y del ejecutivo andaluz que preside Juanma Moreno«.
IU Málaga ha informado a través de un comunicado que el objetivo de esta acción es «que se proteja este Bien de Interés Cultural (BIC), y las administraciones salgan de su pasividad cómplice».
Para Ramos «la prueba de esto es que aún no se ha realizado el informe de protección» y que «la Junta no ha movido ficha», por lo que «no vamos a tolerar que siga en este misma dinámica» ya que «queremos que se proteja la cantera y la cueva y que se siga investigando, tanto si aparecen restos humanos como si no, ya que el conjunto geológico está dentro de un BIC y así lo ampara la ley de Patrimonio andaluza».
Ramos ha señalado también que «mediante una iniciativa presentada ante la delegada de Turismo y Cultura de la Junta, Gemma del Corral, solicitamos la protección de la Cueva de las Estegamitas mediante la ampliación de la delimitación del entorno BIC de la Cueva Navarro IV», de esta manera, «mediante una forma legal, sencilla y rápida, quedaría protegida y podría salvaguardarse y conservarse en su totalidad«.
De igual forma, la coordinadora de IU Málaga ha dicho que «al delegado territorial de Sostenibilidad y Medioambiente, José Antonio Víquez, le instamos a que inicie con la máxima diligencia el procedimiento para la declaración como Monumento Natural de la Cueva de las Estegamitas de la Araña«.
Para finalizar, en lo que respecta a la Fiscalía, Ramos ha aportado «nueva documentación para ampliar la denuncia presentada el pasado mes de noviembre». Así, «esta información se refiere a varias certificaciones de acuerdos del Pleno y diversos escritos a distintas delegaciones de la Junta».
«La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos ambientales, arqueológicos, de prevaricación, de culpa por daños y de infidelidad en la custodia de documento público», ha concluido.
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