Se acabó exigir mejoras en instalaciones y mayor contratación de personal. Desde hace meses, en una estrategia consensuada con colegios profesionales y sindicatos cercanos al PSOE, se puso en marcha la campaña STOP agresiones. La legítima reivindicación está sirviendo a la Junta para dos cosas: por un lado, desviar la atención sobre la falta de inversiones requeridas en infraestructuras y personal; y por otro, presentar a la Junta como defensora del paciente salvando la cara ante su electorado en los próximos comicios.

Desde Málaga por una Sanidad Digna condenan enérgicamente todas las agresiones, sean cual sean sus causas, pero no toleran que se criminalice al paciente, explícita o implícitamente, cuando es este en última instancia en el que sufre en propias carnes el estado ruinoso de la sanidad pública malagueña. Los pacientes, como usuarios, tienen una carta de derechos que se incumple diariamente como vemos en muchos casos, también por mala praxis. Nunca desde la asociación se ha criminalizado a la profesión médica, sino todo lo contrario. Asumen que son víctimas del sistema, como lo son, más sangrantemente porque de su salud se trata, los propios pacientes.

Del mismo modo, no pueden dejar de condenar el uso mediático de ciertas agresiones sin una motivación coyuntural (como la ocurrida recientemente en el Clínico) como parte de esta bien orquestada campaña de división social. Entienden que la situación sanitaria de Málaga es un agravante en muchos casos, y piden por ello cercanía y comprensión a los profesionales en situaciones límite para enfermos y familiares. No deben olvidar que es la salud de las personas lo que está en sus manos. Aunque nadie, en ninguna profesión, está a salvo de violentos, las situaciones de shock constantes en centros sanitarios colapsados, y que podrían ser evitables por sus gestores, también son una forma de violentar al propio usuario de la sanidad. Como responsables de este desaguisado están la Junta andaluza y, sobre todo, los gestores de centros hospitalarios que, dadas las suculentas primas por productividad y el sueldo por cargo de responsabilidad que perciben, consienten a sabiendas esta situación límite en nuestros hospitales malagueños. Sus dimisiones no deben hacerse esperar.

Ampliación del Costa del Sol y Centro de Salud en San Pedro

Respecto a las infraestructuras sanitarias de Málaga que están a la espera, algunas anunciadas recientemente por la Junta, han de decir que la promesa del SAS de retomar la ampliación del Costa del Sol después de 8 años y antes de las elecciones autonómicas, es claramente electoralista, responde sólo y exclusivamente a este cálculo; y no a las necesidades de los ciudadanos.

Así mismo, la no puesta en marcha de las obras del centro de salud de San Pedro de Alcántara o el CHARE de Mijas, en los que se dispone de terrenos, trasluce el nulo interés de la consejera de Salud, Marina Álvarez, por la sanidad provincial. No sólo han negado estos proyectos, sino que ya hace semanas en rueda de prensa mostró su negativa a la construcción del nuevo CARE de Torremolinos, prometido por la anterior consejera, hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Exigen, por ende, la puesta en marcha inmediata de los proyectos mencionados y la mejora de los ya existentes con mayor dotación material y de personal.

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