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Néstor Cenizo
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Cada día, decenas de miles de litros se pierden en los kilómetros y kilómetros de tuberías y canalizaciones que llevan el agua a cada casa de Andalucía. Hasta ahora, esas pérdidas pasaban relativamente desapercibidas, pero en un contexto de sequía acuciante ese caudal perdido se convierte en un derroche escandaloso. La Diputación de Málaga le ha puesto cifras en un informe: son 20.500 metros cúbicos al día (equivalentes a ocho piscinas olímpicas), unos 7,45 Hm3/año. Y eso, sólo en los municipios de Málaga con menos de 20.000 habitantes, donde vive apenas el 15% de las 1.717.504 personas empadronadas en la provincia, si bien cuentan en general con infraestructuras más precarias.
El municipio malagueño que multa a los vecinos derrochadores: “No puede ser que no salga agua porque alguien tiene un vergel”
La consecuencia directa de estas fugas es que la mayoría de los municipios superan con creces la dotación hídrica para uso urbano establecida en el Plan Hidrológico. Aplicando un coste medio de 0,5 €/m3 (costes de extracción, potabilización, puesta en servicio…), las pérdidas ascienden a 10.250 euros cada día, lo que supone 3.741.250 euros cada año. Y está, obviamente, el coste ecológico de derrochar un recurso escaso. Con estos volúmenes de agua se podría abastecer una población de unos 100.000 habitantes (la que vive en los 67 municipios con menor número de habitantes de la provincia), según se lee en el informe.
El informe analizó los consumos de agua en 74 pequeños municipios y en unos 800 kilómetros de tubería. Los técnicos detectaron 452 fugas de distinta envergadura. En algún pueblo llegaron a contabilizarse hasta 45. Se localizan en la red, en las acometidas o en los collarines. Incluso en interior de viviendas, en algunas de las cuales ni siquiera había contador. También se detectó el robo de agua para riego, sin que las administraciones locales hagan nada por evitarlo. “En determinados municipios no se cuenta con contadores para riego, pero éste se permite”, se lee en el informe de la Diputación de Málaga.
La medición se realizó con el método del Caudal Mínimo Nocturno, un concepto habitual para el cálculo de fugas. Parte de una premisa: durante las primeras horas de la madrugada el consumo es mínimo y más estable. En general, apenas se gasta lo que se está perdiendo en fugas o en tomas fraudulentas. De esta forma, es un momento para calcular con relativa precisión el nivel de fugas. Lo que se encontraron los autores del informe es que el caudal mínimo nocturno no era cero prácticamente en ningún municipio, y que en la mayoría suponía más del 50% del agua de los depósitos de almacenamiento.
La medición se realiza colocando contadores totalizadores a la salida de depósitos municipales y ese dato se cuadra con los contadores en los domicilios, de modo que se pueden ubicar las zonas donde se produce la pérdida. Eso da la posibilidad de aislar el tramo y auscultar después las tuberías con una especie de sónar. “Hemos encontrado algunas fugas en llaves de paso antiguas. Si no detecta la fuga entre el contador de alta y el del particular, el agua se puede perder durante años”, detalla Manuel Robles, teniente de alcalde de Comares (1.320 habitantes), un pueblo en la Alta Axarquía que saltó a las noticias el pasado otoño, cuando empezó a imponer multas a sus vecinos derrochadores.
Muchos de estos pueblos están encaramados a riscos, lo que obliga a salvar grandes desniveles para suministrar el agua a las casas, elevando la presión sobre las conducciones. “Tenemos tramos que se sube a 700 metros y luego se baja a 200 metros. Podemos llegar a una presión de 16 atmósferas de presión”, explica Robles. Esa presión solo se soporta con tuberías de hierro fundido. Con otros materiales, el riesgo de fugas es altísimo.
En 2022, Comares invirtió 700.000 euros en tuberías y dos nuevos depósitos, un gasto que supone casi un tercio de su presupuesto.
El ente provincial quiere usar este informe, en el que ha invertido casi un millón de euros, para acometer con los municipios algunas actuaciones que eliminen o mitiguen las pérdidas, elaborando planes de fugas, reparando inmediatamente las averías, renovando redes en mal estado o instalando sistemas de control domiciliario con telelectura.
Cuando divulgó las conclusiones parciales, el pasado octubre, Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga (PP) apuntó indirectamente a los municipios, todos ellos del interior de la provincia y la mayoría gobernados por el PSOE. Recordó que la Diputación ha transferido 223 millones de euros en fondos incondicionados desde 2019 y advirtió de que podría hacerlos finalistas para obligar a los municipios a gastarlos en mejorar sus redes de abastecimiento. “Es urgente”, les dijo. El PSOE lo entendió como un “ataque” a los alcaldes e instó a Diputación a “no echar balones fuera”.
Málaga es una provincia especialmente afectada por la escasez de agua que tiene a media Andalucía bajo restricciones para el consumo humano. Los embalses de la provincia están al 37,06% de su capacidad, y es preocupante la situación de La Viñuela, actualmente al 11,4%. La Viñuela suministra agua potable a la mayor parte de la Axarquía, donde se concentra una parte importante de los pequeños municipios analizados. Como ocurre con la mitad de municipios o agrupaciones de abastecimiento de Andalucía, Axaragua (que gestiona el suministro en alta de gran parte de estos municipios) incumple la obligación legal de contar con un plan de emergencia contra la sequía, tal y como informó este medio el pasado octubre.
Pero los expertos suelen insistir: por sí sola la sequía no explica la escasez. Hay un déficit hídrico estructural en muchos sistemas y La Viñuela es ejemplo: la población ha crecido en torno a un 25% en los últimos años (ya rondaría los 240.000 habitantes, según la Macomunidad) y se ha utilizado para el riego de gran parte de las más de 10.000 hectáreas de cultivos de subtropicales (mango y aguacate), muchas de las cuales han sustituido a los tradicionales de secano en la última década.
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